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domingo, 8 de septiembre de 2019

Concluye con éxito en Roatán intercambio de experiencias de recicladores de base


El pasado 31 de agosto del presente año, los recicladores de base de la isla de Roatán, Honduras efectuaron un intercambio de experiencia con recicladores  de base de Nicaragua, el modelo  de Asociatividad, organización de cooperativa por medio de la ley 499 – Ley General de Cooperativas, sus accesos, oportunidades y restitución de derechos fueron los temas principales que se desarrollaron durante el encuentro por el señor Bertoldo López López facilitador de la Mesa Nacional de Cooperativas de Reciclaje de Nicaragua.
 El encuentro permitió reconocer los desafíos y oportunidades que experimentan  el gremio de recicladores, tomando en cuenta el cambio del contexto en las zonas urbanas, rurales y costeras siendo esta última el caso que se desarrolló en el mismo.

Laura Palmese, promotora de la formalización de cooperativas en la Isla, promovió una reunión con el señor Ottoniel López, regidor del Municipio de Roatán quien manifestó el apoyo a los recicladores siempre y cuando estén organizados incidiendo ante las autoridades gubernamentales para que se asigne una porción del predio donde estará el nuevo relleno sanitario a los recicladores organizados, a fin de que puedan realizar su labor. Cabe señalar que esta actividad fue un esfuerzo de ambas comunidades de recicladores de base donde el principal objetivo fue compartir experiencia e información y unidad entre ambos Países .


Para mayor información, escribir a los email: 
laurapalmese12@gmail.com
reciclajeinclusivonicaragua@gmail.com



sábado, 31 de agosto de 2019

Nicaragua Intercambia experiencias con Recicladores de la Isla de Roatán Honduras


Sr. Bertoldo López López /Facilitador de la Mesa Nacional de Cooperativas de Reciclaje de Nicaragua


Con el principal objetivo de mejorar las condiciones de trabajo digno y continuar realizando el oficio de reciclaje con el que mantienen a sus familias y contribuyen a la conservación del medio ambiente, los recicladores del Botadero de Mudhole, Isla de Roatán, Honduras esta realizando este 31 de agosto y 01 de septiembre del presente año, un taller de intercambio entre Nicaragua y el colectivo de recicladores de la Isla de Roatán que se aproxima en unas 30 personas, para fortalecer a este colectivo que desde hace más de 5 años han optado por el trabajo en colectivo pero sin estar constituidos en cooperativas conforme a la Ley.

Se contará con la participación del Sr. Bertoldo López López, Facilitador de la Mesa Nacional de Cooperativas de Reciclaje de Nicaragua, para que comparta la experiencia en la organización de cooperativas de Reciclaje, los principales retos y como actualmente trabajan, así como temas de gran importancia como liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos.

Roatán, que forma parte del archipiélago, es la principal atracción turística de Honduras, que recibe anualmente a un millón de visitantes, generando retos en cuanto al manejo de los residuos generados, es así que este colectivo contribuye con la sostenibilidad ambiental de Roatán, fomentando la conciencia sobre la importancia del reciclaje, implementado una metodología para recolectar y reciclar los residuos sólidos de la Isla.

miércoles, 15 de mayo de 2019

Los mayores productores de residuos plásticos deben obtener consentimiento antes de exportar su basura tóxica al hemisferio sur.



Ginebra, Suiza – Hoy, 187 países dieron un gran paso para frenar la crisis del plástico al agregar plásticos no reciclables, mixtos y contaminados a la Convención de Basilea, un tratado que controla el movimiento de residuos peligrosos de un país a otro. La enmienda requiere que los exportadores obtengan un consentimiento informado previo de los países receptores antes del envío de residuos plásticos sucios, mixtos o no reciclables, entregando una importante herramienta a los países del hemisferio sur para que detengan el ingreso masivo de envases plásticos tóxicos, no manejables y otros tipos de plásticos a sus países.
Después de que China prohibiera la importación de la mayoría de los residuos plásticos en 2018, los países en desarrollo, en particular los del Sudeste Asiático, ha recibido un enorme flujo de desechos plásticos contaminados y mixtos que son difíciles o imposibles de reciclar. La enmienda propuesta por Noruega a la Convención de Basilea le proporcionará a los países el derecho a rechazar residuos plásticos no deseados o que no se puedan gestionar.
La decisión refleja un creciente reconocimiento en todo el mundo de los impactos tóxicos del plástico y del comercio de residuos plásticos. La mayoría de los países expresaron su apoyo a la propuesta y más de un millón de personas a nivel mundial firmaron dos peticiones públicas de Avaaz y SumOfUs. Sin embargo, incluso en medio de este inmenso apoyo, hubo algunos casos desacuerdo que se opusieron a catalogar el plástico bajo el Anexo II de la Convención de Basilea, dichos casos incluyeron a Estados Unidos, el principal exportador de residuos plásticos del mundo, el Consejo Americano de Química, un destacado grupo de lobby de la industria petroquímica y el Instituto de Industrias de Reciclaje de Desechos (Institute of Scrap Recycling Industries), una asociación comercial compuesta en gran número por intermediarios de residuos. Como Estados Unidos no es parte de la Convención de Basilea, se le prohibirá comercializar residuos plásticos con las 187 partes de la Convención.

miércoles, 27 de marzo de 2019

Cooperativas de reciclaje en Nicaragua: organizándose y trabajando

Debido a su modalidad de organización y búsqueda equitativa del mejoramiento socioeconómico y capacidades de los socios, las cooperativas son una figura legal que han tomado mayor relevancia en Nicaragua, ejemplo de ello son los colectivos de recicladores, quiénes a través de esta modalidad se han organizado para fortalecer sus capacidades, optar a programas de capacitación, desarrollar campañas de visualización y obtener una comercialización de los productos reciclables a un precio justo.

En vista de esto, el gremio de recicladores se organizó a través de una “MESA DE TRABAJO DE RECICLAJE DE NICARAGUA (MTRN)” ( desde el 11 de octubre de 2018), espacio en el cual se cuenta con la representación de 11 cooperativas de reciclaje, que operan en distintos puntos del país, los cuales han implementado como metodología de coordinación, reuniones mensuales donde abordan temas de muto interés, así como la planificación de las actividades a desarrollar, monitoreo del precio de compra de los intermediarios a nivel departamental y nacional, establecimiento y fortalecimiento de relaciones institucionales con las unidades de gestión ambiental de cada municipio, así como el aprendizaje, práctica y aplicación de los conocimientos adquiridos en las capacitaciones para transformar los residuos en productos reutilizables.

La puesta en marcha del trabajo organizado de estas cooperativas, contribuye con cada municipalidad a reducir la contaminación de residuos en los diferentes vertederos, por ende, es necesario reconocer el trabajo de estos hombres y mujeres como agentes ambientales, los cuales contribuyen a su vez a la economía nicaragüense, siendo reportados anualmente ante el centro de trámites de las exportaciones (CETREX), las exportaciones que hasta el primer semestre del 2017 se reportaban 16 millones de dólares en exportación de material reciclable como Chatarra Metálico, papel y plástico.

Por lo tanto y reconociendo la importancia de estos agentes las autoridades a nivel nacional y local, deben iniciar a reconocerlos como colectivos organizados, con una personalidad jurídica y brindarles el respaldo necesario para que se les permita ejercer esta labor de forma digna.

Para mayor información del trabajo de la “MESA DE TRABAJO DE RECICLAJE DE NICARAGUA”, escribir al correo: bercodesol@gmail.com


( Reunión de la MTRN. Fotografía tomada el 15 de marzo de 2018, en las instalaciones de Jóvenes Ambientalistas)

viernes, 1 de marzo de 2019

Día Mundial del Reciclador




























  


En el Día Mundial del Reciclador, desde Jóvenes Ambientalistas consideramos de interés nacional llamar a todos los sectores a reconocer la labor de hombres y mujeres considerados como el primer eslabón en la cadena de valor del reciclaje.

Hasta el año 2014 se contabilizaba en Nicaragua 427 familias según el estudio de “Caracterización Socioeconómica y de Salud de Personas Recicladoras”, realizado por la universidad Centroamericana, publicación la cual refleja el bajo nivel de escolaridad, escaso acceso a la tecnología y condiciones de trabajo inadecuadas que crean problemas en la salud, las cuales no son atendidas por priorizar el trabajo, ya que la actividad del reciclaje requiere una jornada de tiempo completo.

A pesar de las adversidades y el poco reconocimiento a su labor, estos agentes ambientales generaron en la economía local más de 16 millones de dólares en exportación de material reciclable como Chatarra Metálico, papel y plástico, según últimos datos del Centro de Trámites de las Exportaciones – CETREX (primer semestre del año 2017).

Es evidente que el primer eslabón de la cadena de reciclaje en Nicaragua transita por una serie de desafíos, es necesario que las instituciones como el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa – Mefcca, por medio de la Ley 499 – Ley General de Cooperativas y los gobiernos municipales en el cumplimiento de las Leyes que les confiere, acompañen y prioricen la restitución de sus derechos como hombres y mujeres que aportan a la economía familiar, economía circular y la enorme contribución a las exportaciones de materiales reciclajes.

Se requieren de políticas públicas y programas inclusivos, integrales y dirigidas a crear condiciones en esta población recicladora para que les permita ejercer esta labor de forma digna, integrando a uno de los actores más importantes en el reciclaje, hacemos el llamado a las fuentes (generadores de residuos como los hogares, empresas y organizaciones de todo tipo), para que actúen de manera socialmente responsable en el problema, constituyendo el manejo de los residuos sólidos.



jueves, 10 de enero de 2019

Encuentro sobre alternativas económicas en residuos sólidos.


El día 7 de enero  Jóvenes Ambientalistas estuvo presente durante el “Encuentro sobre alternativas económicas en residuos sólidos con pequeñas y medianas empresas recicladoras y centros de acopio encaminados hacia una economía circular en Nicaragua”, organizado por el ministerio de ambiente y recursos naturales (MARENA); durante esta actividad fueron participes diversos aliados del medio ambiente como acopios y cooperativas de reciclaje, FONARE, REDNICA, movimiento guardabarranco, CODESOL, Hanter Metal, Jóvenes ambientalistas y CCN

El objetivo principal del encuentro fue establecer espacios de emprendimiento con la finalidad de ofrecer alternativas económicas en el reciclaje, además se realizó una presentación sobre buenas prácticas con residuos reciclables, se habló sobre experiencias exitosas de emprendimientos con materiales valorizados. Las diversas intervenciones realizadas durante la actividad permitieron profundizar más en el tema y saber qué es lo que se está haciendo en el país con respecto a los residuos reutilizables.

Se dio a conocer que próximamente realizará un encuentro que funcione como un nuevo espacio donde se permita intercambiar experiencias de cada una de las cooperativas y organizaciones invitadas para que estas puedan retroalimentarse.

lunes, 10 de diciembre de 2018

Los derechos humanos ambientales en el estado de derecho ambiental

Artículo de Mario Peña Chacón
De conformidad con la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental[1] suscrita durante el Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN de Río de Janeiro del 2016, el Estado de Derecho en materia ambiental se entiende como el marco jurídico de derechos y obligaciones sustantivas y procesales que incorpora los principios del desarrollo ecológicamente sostenible en el Estado de Derecho. El fortalecimiento del Estado de Derecho en materia ambiental constituye la clave para la protección, conservación y restauración de la integridad ambiental. Sin él, la gobernanza ambiental y el cumplimiento de los derechos y obligaciones podrían tornarse arbitrarios, subjetivos e impredecibles.
El Estado de Derecho en materia ambiental se basa en elementos clave de la buena gobernanza, entre los cuales, se incluyen:
· La elaboración, promulgación e implementación de leyes, regulaciones y políticas claras, estrictas, ejecutables y efectivas que se gestionen eficientemente a través de procesos justos e inclusivos para lograr los más altos estándares de calidad ambiental;
· El respeto a los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano, seguro, y sostenible;
· Medidas para asegurar el cumplimiento efectivo de leyes, reglamentos y políticas, incluyendo una adecuada aplicación del derecho penal, civil y administrativo, la responsabilidad por daños ambientales y mecanismos para la resolución imparcial, independiente y oportuna de las controversias;
· Reglas eficaces sobre el acceso equitativo a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia;
· La auditoría ambiental y la elaboración de informes, junto con otros mecanismos eficaces de rendición de cuentas, transparencia, ética, integridad y lucha contra la corrupción, y
· La utilización de los mejores conocimientos científicos disponibles.
A nuestro entender, el Estado de Derecho en materia ambiental busca alcanzar el fin superior de conservación y uso racional, sostenible, equitativo y solidario de los bienes y servicios ambientales, a través de la consolidación del orden público ambiental.[2]
Coincidimos con MASÍS[3] en que el derecho constituye el instrumento a través del cual el Estado, en la consecución de sus objetivos sociales y ambientales, debe ejercer sus potestades para lograr los fines que tanto su propio ordenamiento jurídico como la normativa internacional le exigen. Fines que, al día de hoy, como ha sido el proceso natural de la evolución del Estado de Derecho desde una perspectiva individualista, hasta el reconocimiento de diversos derechos fundamentales más progresistas, le han direccionado para ir constituyéndose en un Estado social y ambiental de derecho en virtud de las necesidades sociales actuales que giran en torno a la preservación del medio ambiente.
De acuerdo con DE AYALA ARAÚJO,[4] un Estado de Derecho en materia ambiental se caracteriza por integrar el ambiente en los procesos de toma de decisión, por su espíritu cooperativo, por proteger el ambiente en forma conjunta con los particulares, y por concebir a los recursos naturales como factor para el libre desarrollo de la personalidad humana y no simplemente como bienes susceptibles de aprovechamiento económico. Concluye diciendo: “Un Estado de Derecho es y precisa ser todavía, un Estado que, en primer lugar, y por medio de la colaboración con las fuerzas sociales, consiga asegurar protección para las personas. Por lo tanto, un Estado que no considera el medio ambiente en los procesos de decisión es un Estado que no va a proteger a las personas, y que no posee ningún compromiso con su comunidad política. […] El Estado ambiental es, por tanto: a) un Estado de sustentabilidad y un Estado abierto al aprendizaje constitucional. Pero no puede ser a) un Estado de frustración constitucional y, […] un Estado de retroceso ambiental.”
Bajo el enfoque de Estado de Derecho Ambiental , éste se encuentra inhibido de interferir, de forma ilegítima, en el ámbito de protección de la totalidad de los derechos humanos - medidas de carácter negativo - y a la vez, se ve obligado a protegerlos y promoverlos mediante medidas de carácter positivo, también conocidas como prestacionales.
De esta forma, el Estado no solo debe asegurar un mínimo adecuado de protección de los derechos fundamentales, sino que, además, tratándose de derechos humanos ambientales (derecho al ambiente ambiente sano y equilibrado , derecho a la salud, derecho a la paz, derecho al agua potable y al saneamiento, derecho a la alimentación, derecho al acceso a energías renovables, derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, derechos de las personas en casos de catástrofes, derechos de los desplazados ambientales y los derechos de los defensores de los derechos humanos, entre otros), está obligado a salvaguardar un mínimo existencial socio-ambiental,[5] que en palabras de SARLET y FENSTERSEIFER[6] “actúa como una especie de garantía del núcleo esencial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
En virtud de lo anterior, el Estado de Derecho en materia ambiental está obligado a cumplir una serie de obligaciones procedimentales y sustantivas inherentes al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, mismas que fueron desarrolladas por el Experto Independiente de la Organización de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, en el Informe A/HRC/25/53 del 30 de diciembre del 2013, entre ellas: garantizar el acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia ambiental y a la educación ambiental; así como las obligaciones sustantivas de prevención, precaución, evaluación de impacto ambiental, responsabilidad y restauración de daños ambientales.
En Costa Rica ha sido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de su jurisprudencia, la que ha iniciado el camino para el reconocimiento y desarrollo del Estado de Derecho Ambiental.
Al efecto es posible citar, entre otros, los votos constitucionales: 2002-11429, 2002-4947, 2006-17126, 2007-17552, 2010-13622, 2013-10540 y 2014-8486, haciendo especial mención a la sentencia número 2013-10540 del 07 de agosto de 2013, en la que la Sala Constitucional reconoció un nuevo principio constitucional al que denominó desarrollo sostenible democrático, a través del cual ya no solo se trata de garantizar el aprovechamiento de los recursos existentes por las presentes generaciones y de asegurar la subsistencia de las futuras, sino que para lograrlo, también se debe asegurar que el acceso a esos recursos y a la riqueza generada por las actividades económicas, se distribuya equitativamente en la sociedad, de modo que alcance al mayor número posible de personas y permita el progreso solidario. Por medio de esta nueva interpretación sistemática y evolutiva de los artículos 50, 74 y 89 constitucionales,[7] el tribunal constitucional costarricense otorgó especial relevancia al elemento social del desarrollo sostenible como un componente de la justicia social propio del Estado democrático y social de Derecho que se verifica a través del reparto más adecuado de la riqueza y el ambiente sano, así como en el deber estatal de procurar una política permanente de solidaridad nacional.
Por lo antes expuesto, es posible afirmar que una de las principales obligaciones de un Estado de Derecho en materia ambiental es precisamente proteger y promover de forma integral los derechos humanos ambientales, así como la de sancionar normas y desarrollar políticas públicas adecuadas que tengan como fin el incremento progresivo, gradual y sostenido de la protección ambiental, sin nunca retroceder a estadios inferiores.
__________________________________________________________________________________________
[1] Esta Declaración fue adoptada durante el 1er Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, coorganizado por la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN (WCEL, por sus siglas en inglés, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de Estados Americanos, la Asociación Internacional de Jueces y otros socios, en abril de 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Fue concluida por el Comité Directivo de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental el 12 de febrero de 2017. Esta declaración no representa necesariamente un documento negociado y no refleja opiniones de ningún individuo, institución, Estado o país representado en el Congreso Mundial de Derecho Ambiental o sus posiciones en relación con los temas abordados en la declaración y tampoco refleja necesariamente las opiniones individuales y los puntos de vista de los miembros del Comité Directivo de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental.
[2] Con el fin de lograr las metas que se propone el derecho ambiental, se han promulgado una serie de regulaciones jurídicas que conforman lo que actualmente es posible denominar orden público ambiental, conformado por normas de rango constitucional, convenios, tratados y declaraciones internacionales (soft y hard law), leyes, reglamentos, decretos, circulares y directrices, así como también, por normas no escritas como la costumbre, los principios generales del derecho ambiental y la jurisprudencia. Por medio del orden público ambiental el Estado busca la satisfacción de los intereses del conjunto social (interés público ambiental) que además representan un orden inter e intrageneracional, mismo que se vio consolidado, en el caso costarricense, a partir de la reforma operada en 1994 al artículo 50 constitucional, al reconocer un modelo de desarrollo económico y social respetuoso y coherente con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las generaciones presentes y futuras, como primer paso para la consolidación de un Estado social y ambiental de Derecho
[3] MASÍS FERNÁNDEZ, Károl Sofía. Creación de una jurisdicción ambiental como vía de solución de asuntos ambientales. Trabajo de investigación para optar por el grado de licenciatura en derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, 2016.
[4] DE AYALA ARAÚJO, Patryck. “Ensaio sobre o Estado de retrocesso ambiental: é possível não retroceder na ordem jurídica brasileira?”Exposición de los resultados parciales producidos en el ámbito de los proyectos de investigación financiados por el CNPQ N° 14/2010 (484312/2010-3) y 14/2012 (485994/2012-7), Santa Catarina, 2012.
[5] La idea de mínimo existencial socio-ambiental encuentra asidero en la Observación General número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que desarrolló la obligación mínima de cada Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos.
[6] SARLET, Ingo Wolfgang y FENSTERSEIFER, Tiago, Direito Constitucional Ambiental, Editora Dos Tribunais, Sao Paulo, 2014.
[7] ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.
ARTÍCULO 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico

Artículo rescatado de http://derechoaldia.com/index.php/derecho-ambiental/ambiental-doctrina/963-los-derechos-humanos-ambientales-en-el-estado-de-derecho-ambiental

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