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martes, 20 de junio de 2017

En ruta hacia un modelo de reciclaje inclusivo en Nicaragua

 Por: Edgard Bermúdez - Representante país para Nicaragua de Fundación AVINA


El reciclador de base en Nicaragua y en toda américa latina, ha sido un actor históricamente subvalorado, invisibilizado y pocas veces reconocida su labor y contribución desde el punto de vista social, ambiental y económico. Son el eslabón más vulnerable de la cadena de valor de una industria que mueve millones de dólares tanto en los mercados nacionales como internacionales, sin embargo, la falta de incentivos y competitividad en países poco industrializados, la necesidad de tener y avanzar en políticas públicas inclusivas, la valoración de los materiales reciclables como “comodity” de escaso valor agregado y sumado a la falta de cultura social y empresarial sobre el reciclaje como un modelo de economía circular, juegan en contra del establecimiento de un modelo sostenible e inclusivo capaz de generar y escalar impacto desde la triple línea de resultados y contribuir a la mejora de la calidad de vida de miles de familias recicladoras en Nicaragua y millones en América Latina, que hoy en día sobreviven producto de esta actividad. 

Basado en la experiencia de muchos países en el continente y reconociendo la urgencia de avanzar en la definición e implementación de un modelo de reciclaje inclusivo en Nicaragua, desde finales del 2015 se inició el proyecto “Fortalecimiento a la Organización e Integración del Reciclaje Inclusivo en Nicaragua” financiado por la Iniciativa Regional de Reciclaje, y ejecutado bajo el liderazgo del Club de Jóvenes Ambientalistas (CJA) y la Red de Emprendedores Nicaragüense del Reciclaje (REDNICA).

Este proyecto tiene como objetivo “Contribuir a mejorar la gestión integral de los residuos sólidos (GIRS) en Nicaragua a través de un modelo inclusivo, que fortalezca el marco jurídico y organizacional de las y los recicladores de base, para el mejoramiento de situación socio-económica y su calidad de vida” además de sentar las bases de un ecosistema que promueva el reciclaje inclusivo desde una perspectiva eficiente y competitiva en términos económicos, además de promover una cultura social y empresarial que contribuya a reducir el impacto ambiental, de salud y del gasto público producto de la falta de cobertura, manejo, aprovechamiento y disposición final de los residuos.


En Nicaragua, para avanzar y alcanzar la sostenibilidad de un modelo de gestión integral de residuos que genere activos sociales, ambientales y económicos, se requiere de la apertura, colaboración y contribución de todas las instituciones y organizaciones de los tres sectores vinculantes con estos temas, orientarse hacia una nueva cultura social basada en la educación ambiental como elemento transversal en todo el sistema educativo y mediante campañas y espacios de comunicación para el público en general, animar la organización social y participación en redes nacionales e internacionales de los recicladores de base, contribuir con el fortalecimiento del marco legal, los espacios de diálogo y las alianzas público privadas, asegurar la consolidación e inclusión de los recicladores de base en la cadena de valor así como el respeto de sus derechos humanos y condiciones laborales, estar en revisión permanente de los incentivos financieros, de mercado y fiscales para impulsar el desarrollo, la atracción de inversiones, tecnología y el valor agregado de la industria del reciclaje y finalmente la gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades en los tres sectores.

Aunque los desafíos son muchos, durante los últimos años se han desarrollado una serie de acciones que apuntan a la instalación de un modelo sostenible e inclusivo de reciclaje en Nicaragua y entre los temas más relevantes podemos mencionar la aprobación a finales del 2014 en lo General de la Ley Especial de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y no Peligrosos donde entre otros asunto, se destaca el reconocimiento de los recicladores de base como actores estratégicos, define los roles y responsabilidades institucionales públicas y empresariales sobre el manejo y disposición final de los residuos, mandata a los gobiernos locales a gestionar eficientemente los sistemas públicos y promueve el reconocimiento y participación de los recicladores de base como prestadores de servicio, estableciendo una serie de prerrogativas que buscan contribuir con el ordenamiento del sector y competitividad de esta industria en el país. Sin embargo, para completar el proceso en el marco legal es determinante avanzar en la aprobación de la ley en lo particular y su reglamentación, además de ordenanzas municipales y cualquier otro instrumento de peso institucional, ponga a prueba el sistema de forma integral.


A la par de los temas de Ley, también se dio el surgimiento de Red Nica, como la organización social de los y las recicladoras de base del país. Se estima que más de 10,000 familias nicaragüenses se dedican y sobreviven producto de la labor del reciclaje y lo hacen en una diversidad de formas, frecuencias y condiciones que van desde las más precarias e infrahumanas en los propios vertederos a cielo abierto, hasta aquellos que han logrado constituirse como cooperativa y que han logrado posicionarse como prestadores de servicios ante instituciones públicas, empresariales y de la misma sociedad civil; La lucha social y búsqueda de su propio espacio y reconocimiento ante los distintos sectores de la sociedad, ha llevado la agenda de los recicladores de base liderada por Red Nica, desde el ámbito del Derecho Reclamado, al Derecho Reconocido y hasta llegar al Derecho Ejercido. En los últimos dos estadios es donde efectivamente se pone a prueba el modelo del reciclaje inclusivo y para que sea sostenible deben armonizarse los incentivos de mercado, las políticas públicas, los acuerdos de colaboración multisectorial y los programas de apoyo y cooperación técnica y social.


Otro de los elementos claves del modelo es la competitividad de los actores de mercado tanto local como internacional en esta industria. En primer lugar los materiales reciclables por un lado tienen un valor de mercado muy bajo, se requieren procesar grandes cantidades de material, lo que implica grandes inversiones en capital de trabajo, maquinarias, equipos y tecnologías; En la calidad influye mucho la forma en la que se disponen desde la generación en la fuente, el método de recolección y la disposición final. Y la mayoría de las transacciones se realizan bajo mecanismos de informalidad, lo cual genera una fractura en el manejo fiscal y financiero de las pocas empresas que se dedican a esta labor de manera formal y en cumplimiento a todo lo que establece la Ley. 



Finalmente, se necesita trabajar intensamente en la instalación de una cultura social renovada basada en el paradigma del cuidado, desde lo personal hasta lo colectivo. La educación ambiental debe ser un elemento transversal aplicable a todos los niveles del sistema de formación en el país y debe formar parte integral de las políticas públicas y la fiscalización desde lo local hasta lo nacional, así mismo los esfuerzos del sector empresarial por ser más eficientes en sus procesos productivos y reducción de su huella ambiental, deben complementarse con mecanismos de compensación para reducir las brechas de vulnerabilidad y el deterioro del bienestar social que generan sus actuaciones. 

Aún con todos estos desafíos, Nicaragua esta en ruta de definir y poner en funcionamiento su propio modelo de reciclaje inclusivo, mismo que desde ya se está posicionando como un modelo a seguir para el resto de países de la región centroamericana por toda la experiencia en materia de políticas públicas, cadena de valor y asociatividad de los recicladores de base. Ahora para seguir avanzando, lo que sí está claro es que para hacerlo realidad, todos debemos contribuir a este esfuerzo desde nuestro rol tanto individual como organizacional y considerarlo como una deuda que ya tenemos con las generaciones futuras. 

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